ESPACIO VERDE A DEDO: el loteo del barrio Illia que los vecinos llevaron al municipio
Vecinos del barrio Illia de Apóstoles reclaman por un espacio verde loteado sin ordenanza a la vista. Qué dicen la Carta Orgánica, las leyes y el plano.
Un espacio verde de la calle Catamarca, en Apóstoles, apareció marcado con estacas y rellenado con tierra en vehículos municipales. Los vecinos pidieron por escrito la ordenanza que lo autorice el 22 de septiembre y, según denuncian, nadie se la mostró. La pregunta de fondo es simple: si la regla vale para el vecino, ¿por qué no para el municipio?
Lo que vieron los vecinos
Todo empezó con estacas. Según la nota que firmaron vecinos linderos al barrio Presidente Illia, de Apóstoles, un espacio verde ubicado frente a sus terrenos y viviendas empezó a ser marcado y dividido con estacas y pozos. Después llegaron los movimientos de suelo y, de acuerdo con su relato, aportes de tierra con vehículos municipales.
Los vecinos salieron a preguntar bajo qué autorización se trabajaba ahí. La respuesta, afirman, fue verbal: el espacio verde no había sido desafectado y no existía permiso de ocupación otorgado por escrito. Tampoco, sostienen, se les exhibió ninguna ordenanza del Concejo Deliberante que cambiara el destino del predio.
El 22 de septiembre de 2026 presentaron notas formales ante la Municipalidad de Apóstoles y ante el Honorable Concejo Deliberante, con sello de mesa de entradas. Pidieron explicaciones, acceso a la documentación y la situación jurídica del inmueble. Según su planteo, después de esa presentación los trabajos siguieron y hasta el momento de la emisión no habían recibido respuesta formal.
El reclamo se apoya en fotos que los propios vecinos acercaron a El Puente, el programa de La Fragata: cargas de tierra, mojones en el terreno y los arbolitos que, cuentan, ellos mismos plantaron porque se ocupaban del mantenimiento del espacio.
"No es contra las familias"
La nota hace una aclaración que conviene subrayar: el reclamo no apunta a las familias que pudieran haber sido consideradas beneficiarias o adjudicatarias de esos lotes. Los vecinos dicen comprender "la necesidad habitacional" y el derecho a aspirar a un terreno. El planteo va contra las autoridades responsables de administrar los bienes municipales.
Tampoco discuten que el Concejo pueda debatir el destino del predio. Lo que reclaman es el orden de los factores: primero el procedimiento, después las máquinas. Una desafectación aprobada más tarde, escriben, "no explica por sí misma cuál era la autorización existente" cuando empezaron las intervenciones. Por eso piden saber qué acto administrativo, ordenanza o resolución respalda lo hecho, quién autorizó el movimiento de suelo y el uso de vehículos municipales, y que, mientras tanto, se preserve el destino de espacio verde.
La Carta Orgánica de Apóstoles: tres artículos
Apóstoles es uno de los pocos municipios misioneros con Carta Orgánica propia, su norma de mayor jerarquía. Los vecinos invocan tres artículos, según la lectura que hacen en su nota:
- Artículo 49 (ambiente): el municipio tiene la obligación de preservar y aumentar los espacios verdes y zonas de reserva ecológica; ante cualquier obra que afecte el ambiente, exige evaluación de impacto socioambiental y audiencia pública.
- Artículo 81 (intangibilidad del patrimonio público): los bienes del dominio público municipal, como los espacios verdes, no se pueden embargar, vender ni perder por el paso del tiempo. Para desafectarlos hace falta una ordenanza aprobada por dos tercios del Concejo Deliberante; no alcanza con una decisión del Ejecutivo.
- Artículo 84 (nulidad): cualquier acto que disponga del patrimonio municipal sin cumplir lo anterior es nulo.
La síntesis de los vecinos: el espacio verde no se toca sin ordenanza (art. 81), sin procedimiento ambiental (art. 49) y, si se hace igual, lo hecho no vale (art. 84).
El marco nacional que los vecinos compilaron
Ante la falta de respuesta, los vecinos armaron una compilación normativa "para uso del abogado", que se leyó al aire:
- Constitución Nacional, artículo 41: derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y deber de preservarlo; obligación de recomponer el daño ambiental.
- Constitución Nacional, artículo 43: acción de amparo contra actos u omisiones de autoridades públicas que lesionen derechos constitucionales, con legitimación ampliada en materia ambiental.
- Código Civil y Comercial (Ley 26.994), artículos 235 y 237: régimen de los bienes del dominio público. El 237 los declara inenajenables, inembargables e imprescriptibles, y su uso y goce corresponde a todos los habitantes.
- Ley General del Ambiente 25.675: principios de prevención y precautorio, y una legitimación amplia para accionar en defensa del ambiente.
- Ley de acceso a la información pública 27.275: como base para pedir copia de la ordenanza, el expediente, los actos de loteo y el eventual permiso de ocupación.
Un matiz que suma: la Ley 27.275 rige solo para el Sector Público Nacional, según la propia Presidencia de la Nación. Para pedirle papeles a un municipio misionero, la herramienta es la Ley provincial IV-58 de libre acceso a la información pública, sancionada en 2012, cuya aplicación en los municipios depende, según antecedentes periodísticos, de su adhesión. El reclamo no se debilita: cambia la ventanilla.
Espacio verde o terreno fiscal: no es lo mismo
El plano de mensura que obtuvieron los vecinos muestra dos siglas sobre el sector: EV, espacio verde, y RF. Al aire se interpretó RF como reserva fiscal, y la normativa misionera de fraccionamientos respalda esa lectura: el Reglamento de Mensuras (Decreto 1107/57) distingue en los loteos urbanos las superficies para espacios verdes, de dominio público municipal, y las de reserva fiscal para reparticiones públicas.
La diferencia es central. Un terreno fiscal es del municipio y admite usos públicos con más margen: un comedor, un galpón, un edificio. Un espacio verde está protegido: para cambiarle el destino hace falta una causa fundada, estudio ambiental, paso por el Concejo y publicación en el Boletín Oficial. Según se señaló en el programa, ninguna desafectación de ese espacio aparecía publicada al momento de la emisión.
El loteo original: un vecino que cumplió las reglas
El predio tiene historia. Era parte de un terreno privado cuyo dueño decidió lotear. Como manda la norma para fraccionamientos de esa extensión, cedió superficie para calles, un espacio verde y una reserva fiscal. Quienes le compraron, según se contó, pagaron más por tener una plaza enfrente.
Ese espacio verde, de acuerdo con lo planteado, fue dividido en diez lotes: hay diez mojones en el terreno. La lectura editorial del programa es dura: un privado cumplió "a rajatabla" y donó parte de su capital al crecimiento de Apóstoles, y hoy esa donación terminaría repartida por decisión política. Los perjudicados serían él y sus clientes, que compraron con un espacio verde enfrente.
Los 200 millones: un cálculo, no un dato oficial
¿Cuánto vale lo que se repartió? El programa hizo una cuenta a partir de lo que pagaron los lotes vecinos, escriturados y mensurados: unos 20 millones de pesos por terreno vacío en esa ubicación, cerca del centro y con servicios; 25 a 27 millones con los papeles.
| Concepto | Valor estimado | Origen del dato |
|---|---|---|
| Lotes marcados en el espacio verde | 10 | Mojones contados en el terreno (relato al aire) |
| Valor de un lote vacío en la zona | ~$20 millones | Estimación del programa, por ventas vecinas |
| Valor con gastos de escritura y mensura | $25 a $27 millones | Estimación del programa |
| Valor total del espacio loteado | ~$200 millones | 10 lotes x $20 millones (cálculo del programa) |
| Desafectación publicada en Boletín Oficial | Ninguna encontrada | Según lo afirmado al aire, sin documento a la vista |
| Respuesta formal a la nota del 22/09/2026 | Ninguna | Según los vecinos |
La pregunta que quedó planteada es contable: si ese patrimonio sale del dominio público, ¿entra al balance de Apóstoles?
El Concejo, la Justicia y el silencio
El programa leyó la nómina del cuerpo con sus pertenencias: Artemio Aníbal Tarnowski, presidente (Frente Renovador); Guadalupe Pintos Garro, vicepresidenta (Frente Renovador); Luciano Enzo Rodríguez Doña (llegó por Activar Misiones, hoy en La Libertad Avanza); Juan José Oliveira y Miguel Ricardo Yanyú (Frente Renovador), y Natalia Marziani, que asumió tras la renuncia de Facundo Bustos en marzo de 2025.
La crítica es institucional: según lo planteado, la denuncia ya era pública desde hacía casi dos semanas, el Concejo tuvo sesiones y comisiones en ese lapso y el tema no figuró en el orden del día. "Les dejamos las leyes, los artículos, para que hagan su trabajo", fue la consigna, con un pedido explícito para que se trate en la comisión siguiente.
El reclamo también apuntó al tercer poder. Con un vecino que, según se dijo, no tiene recursos para pagar un abogado, la expectativa queda puesta en la fiscalía y los jueces: "Son tres poderes. Alguno tiene que actuar".
La intendenta María Eugenia Safrán, del Frente Renovador, en su segundo mandato tras ser reelecta en 2023, fue el blanco del cierre editorial del programa, que la acusó de manejar la tierra pública "a dedo". Es una opinión al aire: no consta causa judicial ni respuesta oficial pública sobre el predio. La Fragata no encontró, al cierre de esta nota, una explicación del municipio ni del Concejo sobre el caso.
La doble vara
El contraste que más indigna está en las propias publicaciones del municipio: avisos que piden a los vecinos "informarse antes de empezar", acercarse a Obras Privadas y cumplir las normativas vigentes antes de construir o remodelar. Al que paga impuestos se le exige cada permiso; si no cumple, le pueden clausurar el negocio.
El problema no es solo lo que pasó con diez lotes. Es lo que revela: la burocracia es para el vecino, nunca para quien la administra. Un espacio verde no es propiedad del intendente de turno ni del Concejo; es de todos los apostoleños, de hoy y de dentro de cincuenta años. Y quienes compren esos lotes, advirtieron en el programa, podrían heredar un problema jurídico si el procedimiento no se cumplió.
Los vecinos lo dijeron mejor que nadie: no buscan enfrentamientos personales ni partidarios. Buscan respuesta, transparencia y que las normas se cumplan empezando por quienes las dictan. Cuando el que pone las reglas no las cumple, la cuenta la paga el vecino.
¿Quién autorizó lotear un espacio verde?