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Usurpaciones en Misiones, parte 2: si no se respeta la propiedad privada, no hay futuro para nadie

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Usurpaciones en Misiones, parte 2: si no se respeta la propiedad privada, no hay futuro para nadie

Garuhapé: Alfredo Ruff denunció la toma de su campo familiar por una comunidad mbya. Seguridad jurídica, reservas asignadas y la versión de la comunidad.

Junio de 2026. El propietario forestal Alfredo Roberto Ruff relató en La Fragata cómo vive la ocupación de su campo familiar en Garuhapé por integrantes de la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II: semanas de denuncias sin respuesta, el riesgo de cargar con multas ambientales ajenas y una pregunta que excede a su caso: ¿quién invierte en una provincia donde la propiedad queda en suspenso?

Un campo de tercera generación en litigio

Ruff se presenta como tercera generación en esa tierra y padre de una cuarta. Según su relato, nadie le reclamó nada antes de la ocupación: "nadie se sentó a dialogar". Cuenta que pasó dos semanas yendo a la fiscalía, al juzgado y a la policía, y que terminó contratando un abogado "porque no me quedó otra".

Su testimonio incluye escenas fuertes. De acuerdo con lo que denunció, la primera vez que entró al predio ocupado le apuntaron con arco y flecha dentro de su propia propiedad, y había un hombre con un látigo cerca. Sostiene además que el grupo pasó de unas 10 a 40 personas y que cuenta con el respaldo de "una entidad católica".

El antecedente judicial es concreto: el 5 de mayo de 2026, tras la denuncia de Ruff por presunta intrusión, un operativo en Garuhapé terminó con el cacique Santiago Ramos y otros integrantes de la comunidad en la comisaría. Fueron liberados horas después, en medio de la presión de organizaciones sociales y religiosas.

La trampa legal: el monte que no podés tocar

Uno de los puntos que más pesan en el planteo es el ambiental. Si dentro del predio se tala en la franja roja del ordenamiento de bosques nativos (la categoría de máxima protección), la multa no le llega a quien taló: le llega al titular del inmueble. En palabras de los que acompañaron a Ruff en el estudio, "la multa va a venir a Alfredo Roberto Ruff".

Es la paradoja que el propietario resume con amargura: el dueño no puede desmontar esa franja sin sanción, pero responde por lo que otros hagan en ella mientras la Justicia no le devuelve el control del campo.

"Tienen reservas asignadas": el argumento territorial

El otro eje es territorial. En La Fragata se sostuvo que en Misiones existen miles de hectáreas ya asignadas a comunidades guaraníes y se mencionó la reserva del Cuñá Pirú. El dato tiene respaldo: la Universidad Nacional de La Plata transfirió a cinco comunidades mbya unas 6.035 hectáreas del Valle del Cuñá Pirú, entre Aristóbulo del Valle y Ruiz de Montoya. De ahí la pregunta que repite el propietario: por qué avanzar sobre un campo privado trabajado por generaciones en lugar de asentarse en tierras ya reconocidas.

Los presentes aclararon que el planteo no es contra el pueblo mbya ni contra su historia, sino contra la ocupación de tierra privada sin diálogo. Ruff fue más allá y cuestionó que el grupo sea de origen misionero: según su visión, se trata de personas sin documentación que cruzan fronteras libremente y que están "muy bien asesorados". Esa afirmación no tiene respaldo documental en las fuentes consultadas.

La otra campana: la comunidad y la Ley 26.160

La comunidad cuenta otra historia. El cacique Ramos sostiene que el predio forma parte de su territorio relevado bajo la Ley 26.160, la norma de 2006 que ordenó relevar las tierras de ocupación indígena y suspender desalojos. El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), organización de la Iglesia católica que asesora a la comunidad, niega haber impulsado una toma y habla de "recuperación de territorio".

La comunidad, además, acusa a Ruff de desmontar áreas protegidas sin consulta previa. En 2023 ya había denunciado ante la prensa provincial el ingreso de máquinas sobre el monte nativo restante, una queja que fecha en 2019. El Ministerio de Ecología respondió entonces que no se habían autorizado actividades sobre áreas demarcadas por la ley.

Hay un dato de contexto que la comunidad suele omitir: el Gobierno nacional derogó la prórroga de la Ley 26.160 con el Decreto 1083/2024 (10 de diciembre de 2024), con el argumento de que la emergencia permanente generaba inseguridad jurídica para los propietarios legítimos. A febrero de 2024, solo 988 de 1.878 comunidades inscriptas tenían su relevamiento terminado.

La pregunta del inversor

El planteo que cierra el caso es económico. "¿Qué seguridad jurídica le damos a las empresas?", se preguntó en La Fragata. Si Ruff quisiera vender su campo, cualquier aserradero averiguaría el conflicto y le diría: "Quedate con tu terreno; cuando saques a los muchachos, me avisás".

Ahí está el costo invisible. Cada toma que la Justicia tarda en resolver baja el valor de todas las propiedades rurales de la zona, no solo la ocupada. Y las empresas que miran Corrientes o Paraguay antes que Misiones no lo hacen por capricho: el capital va donde las reglas se cumplen y los conflictos se resuelven rápido. Sin propiedad no hay inversión; sin inversión no hay trabajo.

Las sospechas: quién financia y quién compra barato

El propietario dejó dos interrogantes. Primero, quién sostiene a cuarenta personas todos los días: comida, logística, traslados. Según observó, en las fotos de la ocupación aparecen personas "bien vestidas, limpias, prolijas" que no condicen con la vida en una aldea. Segundo, si detrás del desgaste no hay alguien esperando comprar barato: "se rumorea, hay nombre y apellido". Son sospechas del damnificado y no hay, hasta ahora, una investigación judicial que las sustente; tampoco se dieron esos nombres.

Actualización: lo que pasó después

Después de la emisión, el conflicto escaló:

Fecha (2026)HechoFuente
5 de mayoDetención del cacique Santiago Ramos y otros integrantes por presunta usurpación; liberados horas despuésEconomía Sustentable
2 de junioRuff expone su caso en La FragataLa Fragata
16 de julioEl juez de Instrucción de Jardín América ordena el desalojoMisiones Online
28 de julioSe ejecuta el desalojo; la comunidad denuncia destrucción de viviendas y cultivos de siete familiasEconomía Sustentable
2 de agostoLa comunidad vuelve a ingresar al predioEconomía Sustentable
7 de agostoEl Senado da media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (37 a 33)El Economista
13 de agostoEl Gobierno provincial convoca una nueva mesa de diálogoEconomía Sustentable

Tras el regreso de la comunidad, Ruff insistió en que se trata de un problema de usurpación "organizado y deliberado" y apuntó contra EMIPA; su abogado, el exjuez Osvaldo Rubén Lunge, actúa como querellante. Del otro lado, la defensa de la comunidad pide que la disputa se discuta en el fuero civil y no como delito. La Justicia todavía debe resolver un recurso de la defensa y un nuevo pedido de desocupación.

El caso Garuhapé deja una lección que excede a las partes: cuando el Estado tarda meses en decir de quién es un campo, pierden el dueño, la comunidad y cualquiera que pensaba invertir en Misiones.