5 BILLONES CON DEUDA: la emergencia económica de Misiones que no paga ni los juicios que pierde
Misiones aprobó un presupuesto de $5,5 billones que prorroga otra vez la emergencia económica. Quién paga la cuenta y quién sigue esperando cobrar.
El Presupuesto 2027 de Misiones prevé gastar más de lo que recauda, autoriza créditos por hasta US$387 millones y vuelve a prorrogar la emergencia económica y financiera. La provincia muestra una deuda baja. Del otro lado del mostrador hay jubilados y acreedores que esperan desde hace años.
Una ley que gasta más de lo que entra
El 1 de octubre de 2026, la Cámara de Representantes de Misiones aprobó por 34 votos contra 6 el Presupuesto General 2027 enviado por el gobernador Hugo Passalacqua. Prevé gastos por $5.534.162.022.000 y recursos por $4.800.914.349.000. La diferencia no aparece de la nada: el propio texto registra una necesidad de financiamiento de $796.789,6 millones, según Economis.
Al día siguiente, en El Puente, el programa de La Fragata, la discusión giró sobre ese hueco. De acuerdo con lo planteado al aire, y retomando lo que había dicho en el recinto el diputado libertario Adrián Núñez, el presupuesto se arma con recursos propios, una parte grande de coparticipación que se espera de Nación y unos 700.000 millones que son deuda. «Siempre es endeudarse», resumió uno de los participantes.
Lo que se autoriza sin volver a votar
El Presupuesto 2027 habilita a la provincia a tomar créditos por hasta US$100 millones para inversión pública y hasta US$287 millones con organismos multilaterales, bilaterales o regionales. También autoriza al Ejecutivo a reestructurar, refinanciar o renegociar deudas en pesos o en dólares y a ceder en garantía la coparticipación federal. Son autorizaciones, no deuda ya contraída, aclara Economis.
Ahí estuvo una de las críticas de El Puente: una vez votada la ley, esas operaciones quedan en manos del Ejecutivo y los diputados no tienen que volver a votar cada una. Núñez cuestionó en la sesión las facultades delegadas y la distancia entre lo que se vota y lo que después se gasta, y advirtió que la deuda de hoy son los impuestos de mañana.
El programa sumó otra pregunta sin respuesta pública: qué pasó con la deuda del presupuesto 2026, cuánto se tomó, cuánto se pagó y qué se ejecutó. «No hay transparencia en los presupuestos, en los datos», se dijo al aire.
La emergencia de siempre
El artículo 25 de la ley vuelve a prorrogar la emergencia económica y financiera durante toda su vigencia, bajo las leyes provinciales VII N.º 24 y VII N.º 13. La UCR dejó asentado su rechazo a ese artículo y la ley salió igual. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, ya había confirmado en septiembre que la emergencia seguiría.
Según se sostuvo en El Puente, la emergencia se viene prorrogando desde los años 90 y es la que habilita la gestión por decreto, como la aduana paralela. El mismo presupuesto difiere hasta el 30 de junio de 2029 los vencimientos de los Certificados de Cancelación de Deudas (CEMIS): la provincia también se toma más tiempo para pagar sus propios papeles.
Del otro lado del mostrador
La parte más dura del intercambio fue un testimonio. Uno de los que hablaron contó que su padre murió en 1989, que la familia ganó un juicio a la provincia en 1996 y que, con la provincia en emergencia, nunca cobró. «Y como mi caso debe haber cientos», dijo. Según lo planteado en el programa, cuando un juicio contra la provincia resulta riesgoso para las cuentas, simplemente no se paga.
El reclamo alcanzó también al Instituto de Previsión Social (IPS), al que un participante acusó de no pagarle lo que les debe a los jubilados. Hay un dato oficial que va en esa línea: la Legislatura modificó en octubre el artículo 10 de la Ley VII N.º 103 para pagar las movilidades jubilatorias adeudadas con fondos propios. El pago será escalonado: al menos 25 % en noviembre de 2026, 50 % en marzo de 2027 y el total en julio de 2027. Hasta ahora, ese pago dependía de que llegaran los fondos de Nación.
La versión oficial
El gobierno responde con números propios. Safrán sostuvo que los créditos son con organismos multilaterales para obras que la Nación dejó de hacer, y el oficialismo destaca que el servicio de la deuda pesa menos del 1 % de los recursos corrientes. El diputado José Luis Pastori, presidente de la Comisión de Presupuesto, recordó que la ley crea una comisión permanente de seguimiento de la deuda.
Los datos nacionales le dan aire a esa defensa. Según Politikon Chaco, sobre cifras de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Misiones cerró el primer trimestre de 2026 con un stock de deuda de $110.053 millones, el puesto 17 entre 24 jurisdicciones, y $81.862 por habitante contra un promedio nacional de $703.608.
Sobre el IPS, la provincia sostiene que el problema empezó en Buenos Aires: la ANSES dejó de girar los fondos que compensaban el déficit de las cajas no transferidas en los 90. Según los fundamentos de la reforma, esa deuda rondaba los $300.000 millones a fines de 2024.
| Lo que dice el gobierno | Lo que se planteó en El Puente | |
|---|---|---|
| Deuda | Baja, con multilaterales y para obras | El presupuesto vuelve a cerrar con endeudamiento |
| Necesidad de financiamiento | Cubierta con créditos autorizados | $796.789,6 millones, unas 7 veces el stock de deuda informado |
| Emergencia económica | Necesaria por la incertidumbre nacional | Lleva décadas y habilita decretos sin pasar por la Cámara |
| CEMIS | Diferidos hasta junio de 2029 | La provincia posterga sus propios pagos |
| Jubilados del IPS | La culpa es de la ANSES; pago escalonado hasta julio de 2027 | Deuda impaga con los jubilados |
| Juicios perdidos | Sin datos públicos | Sentencias ganadas que no se cobran |
Fuentes: Economis, Politikon Chaco (DNAP), Canal 12 Misiones, Misiones Plural y lo planteado en El Puente, 2/10/2026.
Lectura editorial
Una provincia que presume de deuda baja y a la vez necesita casi $800.000 millones para cerrar su presupuesto tiene que explicar algo. Una emergencia que se renueva año tras año dejó de ser una emergencia: es un régimen.
Y ese régimen tiene costo. No lo paga quien firma el decreto. Lo pagan el jubilado que cobra tarde, el contribuyente que financia la deuda y la familia que ganó un juicio hace treinta años y sigue esperando.